En el segundo año de la pandemia de COVID-19, las familias y comunidades también enfrentaron dificultades al sobrevivir inundaciones desde Nueva York hasta Nueva Orleans y los incendios forestales en todo el suroeste y California. Este año nos recuerda que la crisis climática ya está aquí. El clima extremo es ahora la principal causa de desplazamiento en el mundo, representando tres veces más que los conflictos y nueve veces más que la persecución. Los científicos anticipan una migración masiva en los próximos treinta años debido al cambio climático, afectando a personas que ya soportan el mayor peso de los efectos del racismo ambiental y la opresión sistémica. La movilidad humana provocada por desastres y eventos relacionados con el clima, a menudo denominada «Migración Climática», se refiere a la movilización de personas (frecuentemente comunidades enteras) que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a desastres relacionados con el clima o cambios ambientales que hacen que sus residencias habituales ya no sean seguras ni adecuadas para vivir.
Nuestras comunidades inmigrantes llevan una extensa historia de denuncia sobre la realidad de esta crisis climática y sus devastadoras consecuencias. A pesar de nuestras décadas de esfuerzo, los políticos y líderes comunitarios apenas están comenzando a despertar y respaldar nuestro llamado a la acción. Soy un orgulloso inmigrante de Guatemala, un país que ha sido testigo de los estragos que causa el cambio climático, donde cientos de miles de personas buscan alivio ante sequías extremas, patrones de tormentas y las dificultades que conllevan, como la pobreza y la inseguridad alimentaria. Este desplazamiento separa y desgarra continuamente a las familias en su lucha por sobrevivir. En medio de esta desalentadora realidad, historias como la mía se convierten en un ciclo generacional; fui separado de mis tierras ancestrales y de mi familia, y nuestra rica historia de agricultura de subsistencia se truncó con nuestra partida de Guatemala. La crisis climática y sus efectos no existen de manera aislada; las injusticias ambientales están intrínsecamente relacionadas con inequidades raciales, de género, reproductivas, de salud, de voto y muchas más.
Frecuentemente pensamos en la justicia ambiental y climática como movimientos enfocados en la tierra y desconectados de la justicia centrada en las personas, pero esta percepción es incorrecta. La justicia ambiental, particularmente en el contexto de la justicia climática, está intrínsecamente vinculada a la lucha por los derechos humanos y civiles. Con el aumento de incendios forestales, huracanes, tormentas históricas, inundaciones y otros desastres climáticos, se hace evidente la conexión entre la justicia ambiental que perseguimos y la justicia migratoria que nuestros aliados defienden para nuestras comunidades. Nuestra labor debe ser conjunta, ya que la lucha es interseccional. Es fundamental que nuestras soluciones climáticas dejen de abordar problemas de manera aislada, y en su lugar, implementemos cambios significativos en las estructuras y sistemas que originaron estas injusticias. Un futuro sostenible y equitativo para la comunidad Latina implica garantizar la dignidad, estabilidad y libertad del miedo ante el siguiente desastre climático inminente. La crisis climática no reconoce fronteras, ¿por qué deberían nuestras soluciones climáticas hacerlo?
Una cosa es segura: nuestros movimientos esperan una acción crítica y oportuna del Congreso sobre la inmigración y el alivio climático. A pesar del creciente apoyo, no pudimos incluir la ciudadanía en la Ley Build Back Better en la Cámara de Representantes, y nos queda la esperanza de que las disposiciones existentes, incluidos los permisos de trabajo y otros beneficios críticos, permanezcan en la versión del proyecto de ley del Senado, para que al menos algo de alivio llegue a nuestra comunidad indocumentada. No podemos abordar la crisis climática sin abordar los derechos y la reforma migratoria. El Congreso está preparando a nuestro país para un futuro de fracaso y turbulencia si no abordamos las formas en que los desastres climáticos están afectando de manera desproporcionada a las comunidades inmigrantes.
Obtener nuestras prioridades en el paquete final de la Ley Build Back Better, en cualquier otra legislación o iniciativa legislativa no debería ser una competencia sobre quién obtiene la mejor o la mayor parte. La justicia para nuestras comunidades no es una elección entre una cosa u otra; necesitamos tanto un camino hacia la ciudadanía como una inversión audaz en acciones climáticas inmediatas, para garantizar que las generaciones futuras puedan beneficiarse de un país más seguro y equitativo, especialmente para la comunidad latina, que enfrenta narrativas y políticas xenófobas, una subrepresentación en el gobierno y los medios (mientras que los estereotipos dañinos están sobrerrepresentados), y desinformación dirigida tanto en inglés como en español. Esta es una oportunidad histórica para unirnos y asegurarnos de que los esfuerzos de reconstrucción tras la pandemia y la revisión de un futuro más justo incluyan alivio para nuestras comunidades que se han visto desproporcionadamente afectadas por el COVID-19 debido a décadas de desinversión, prácticas discriminatorias, cargas de contaminación más altas, acceso desigual a la atención médica y mucho más.
Los millones de personas y familias indocumentadas o con diferentes estatus migratorios en los EE. UU., así como los millones que serán desplazados en los próximos años debido a fenómenos meteorológicos extremos y la crisis climática, necesitan un mecanismo confiable que les brinde seguridad, estabilidad y sostenibilidad. Además, necesitan líderes dispuestos a trabajar juntos hoy para construir comunidades más fuertes y resilientes para el mañana.
Acerca del autor:
Alejandra Ramírez-Zárate, Directora Nacional de Campañas, Chispa LCV un programa de organización comunitaria de base en la lucha por la justicia climática.
Alejandra Ramírez-Zárate es una líder en derechos civiles dedicada a lograr una mayor equidad racial y económica para las comunidades marginadas. Trabaja para promover reformas democráticas que reduzcan las barreras de participación, empoderen a personas de color de bajos ingresos para participar en los procesos de toma de decisiones políticas, y aumenten la capacidad de respuesta del gobierno a sus necesidades. Alejandra es una orgullosa inmigrante de Jutiapa, Guatemala, y creció en Los Ángeles, CA.
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